Un plan de seguridad y una sucesión de enfrentamientos

La repentina renuncia de Abel Cornejo al Ministerio de Seguridad y Justicia fue una sorpresa. De aceptarse su renuncia, su paso por la candente cartera hubiera sido la más corta de sus diferentes gestiones como funcionario público.

De juez federal pasó a ser consejero de la Magistratura de la Nación. Luego ingresó en el fuero provincial como juez de Corte, para luego ser procurador general de la Provincia. Por último, el 2 de noviembre pasado asumió como ministro de Seguridad y Justicia, cargo en el que lleva casi seis meses.

Cornejo llegó a la cartera y aseguró que "nunca dudó en aceptar" el cargo que asumió como "un desafío". De este modo, el hombre de leyes reemplazó al militar Juan Manuel Pulleiro, con quien mantuvo diferentes enfrentamientos cuando era jefe de los fiscales. El motivo: investigaciones por apremios ilegales o mal proceder policial. Uno de esos casos fue el asesinato de Rosa Sulca, en el que se cuestionó el accionar de los policías que se limitaron a tocar el timbre luego de un desesperado pedido de auxilio de la docente al 911.

Al asumir Cornejo admitió que la seguridad era uno de los grandes problemas de la provincia. Su gestión comenzó con grandes anuncios como el Plan de Seguridad para 20212023. Dijo que no se buscaría sumar policías, como pedía la gestión anterior, sino que se centraría en la capacitación e incoporar tecnología a la fuerza. Con el norte marcado, se anunció que se capacitaría a los efectivos policiales en derechos humanos y políticas de género, para la cual anunció además una división específica. En cuanto a la tecnología, indicó que se llamaría a una licitación para la instalación de más de mil cámaras de seguridad y que se conformaría la división de policía aerotransportada. Se lanzaron además programas como "Municipio, Carrio y Corredor seguro". Como parte del plan también prometió la construcción de una cárcel en Cerrillos.

Los fondos que llegarán de Nación para la lucha contra el narcotráfico, provenientes de la quita de dos puntos de coparticipación a CABA, entusiasmaron al ministro, que apuntó a la radarización y tecnologización de los 700 kilómetros de frontera.

Una vez iniciado el año "oficialmente", luego de la apertura de sesiones legislativas saltó un problema que caló hondo y que en tan solo un mes repercutió en una cadena de hechos que concluyeron en la decisión de renunciar, aunque luego no se concretó.

El 25 de marzo, por pedido de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se allanaron 15 domicilios y fueron detenidas siete personas por estafas realizadas por medio de la financiera falsa Ríos & Asociados. La sospecha de que había policías involucrados en las estafas comenzó cuando a los dos días alguien ingresó al sistema digital de la Policía y sustrajo datos de un investigador de la UDEC, que fue amenazado. Incluso hasta el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, solicitó custodia porque advirtió que alguien había querido ingresar a su casa.

Los rumores sobre policías involucrados crecieron con el paso de las horas. Por entonces, Cornejo aseguró que no se podía manchar a una institución gratuitamente y aseguró que la Policía "institucionalmente" no tenía nada que ver. El enfrentamiento escaló a niveles institucionales cuando en el medio de la investigación por la financiera, el Ministerio de Seguridad decidió pasar a disponibilidad a Juan Ramón Miranda, que se desempeñaba como comisario coadyuvante. Miranda era la pata policial en el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales). El actual procurador, Pedro García Castiella, defendió a capa y espada la permanencia de Miranda y aseguró que por un convenio de 2017 esa decisión era facultad del Ministerio Público Fiscal. "Miranda es fundamental para la investigación", aseguró.

Por su lado, el jefe de la Policía, Miguel Ceballos, advirtió que intentaban desestabilizar a la cúpula policial. Ese mismo día fueron detenidos dos policías, un oficial y un cabo. Posteriormente se llamó a una conferencia de prensa y Castiella junto a varios de sus fiscales confirmaron que había policías involucrados.

Los ánimos entre Castiella y Cornejo se aplacaron luego de que cada uno planteara "propuestas superadoras" que serían enviadas como proyectos de ley. Por su parte, el procurador habló de la creación de una policía de investigaciones, mientras que Cornejo propuso la creación de un tribunal de abogados para juzgar faltas de los policías.

En Diputados

El último frente que se le abrió a Cornejo fue en el ámbito legislativo, episodio que develó internas en la cartera. Al presentarse a rendir un informe en la Cámara de Diputados fue atacado por el diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco. El expolicía le recriminó su accionar en el pase a disponibilidad de Miranda y lo acusó de "complicidad", además de denunciar que le pidió a una colaboradora que lo ayudara con su campaña para gobernador. En tanto, Cornejo lo cruzó, lo acusó de ser prestamista y le pidió que se presentara en la Justicia por las "más de 37 causas que tiene pendientes".

Posteriormente se señaló que Orozco recibía información de "gente de adentro" y se puso bajo la lupa al exjefe de la Policía, José Ibarra, y al propio secretario de seguridad, Benjamín Cruz. Se habló de una presunta conspiración.

El enfrentamiento con Orozco continuó y, durante la última sesión de Diputados, el legislador lanzó una grave acusación contra el ministro. Aseguró que pesaban sobre él varias denuncias, entre ellas una por abuso sexual a una mujer.