Rosatti pidió proteger a los jueces de Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicó ayer con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para pedirle que el Gobierno nacional proteja a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe que la semana pasada fueron objeto de amenazas de muerte. El funcionario se comprometió a intensificar la protección, dijeron fuentes del máximo tribunal.

El jueves de la semana pasada el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueron amenazados de muerte mediante un WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Les mandaron una foto de una pistola Bersa y les prometieron "balas y granadas".

Esta intimidación se suma a los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV y a las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Rosatti se comunicó el sábado por la mañana con el juez Cuello Murúa y se comprometió a respaldar a los magistrados y a reclamar a las autoridades nacionales que refuercen su seguridad. Fue por eso que ayer se comunicó con Aníbal Fernández, quien prometió intensificar la custodia sobre los jueces federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Fernández le dijo a Rosatti que el jefe de la Policía Federal, comisario Juan Carlos Hernández, había viajado a Venado Tuerto y se había entrevistado con Cuello Murúa para darle garantías personalmente de que se iba a reforzar su seguridad personal.

El ministro, asimismo, entendió que a la presencia actual en Rosario y Santa Fe le iban a sumar efectivos en Reconquista, en Rafaela y en Venado Tuerto.

Los procuradores

En tanto, los procuradores y fiscales generales de todas las provincias y los defensores y asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal reaccionaron ante las amenazas y pidieron una "política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres poderes".

"No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal", reclamaron en una elíptica referencia al ministro Aníbal Fernández que le había pedido al gobernador de Santa Fe, Oscar Perotti, que resolviera el asunto con su propia policía.

Dijeron que es "necesario y urgente" la adopción de "medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado", dada la capacidad del narcotráfico para corromper y llevar a la instalación de un "Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república".

Reclamo del juez Lugones

La comunicación de Rosatti con Aníbal Fernández se dio al mismo tiempo que el juez federal Alberto Lugones, que integra el Consejo de la Magistratura, le pidiera a Rosatti que solicitara al Gobierno nacional y local garantizar la protección de los jueces, fiscales y defensores de la provincia de Santa Fe, que son objeto de amenazas.