Tras avanzar en Diputados, el oficialismo define cómo será la recolección de pruebas para continuar su embate a la Corte

El oficialismo logró este jueves imponer su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para aprobar la admisibilidad de las acusaciones contra los cuatro miembros de la Corte Suprema y abrir formalmente la etapa de recolección de pruebas y citación de testigos.

Según explicaron a Infobae desde la bancada que conduce Germán Martínez, la reunión de la próxima semana estará íntegramente dedicada a la elaboración de un cronograma de encuentros y un plan de trabajo. No habrá invitados ni se analizarán pruebas concretas.

El objetivo del oficialismo, que todavía no se reunió para evaluar cuáles de los 14 expedientes tratarán primero, es poder tener organizadas varias reuniones con antelación (al menos tres) para tener tiempo de sistematizar la evidencia y convocar a los testigos.

En esta primera instancia, el Frente de Todos optó por aprobar en conjunto todos los pedidos de juicio político, incluidos los dos presentados por Paula Oliveto y Juan Manuel López de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, reconocieron a Infobae que a medida que avance la investigación algunas de las más de 60 acusaciones “caerán por su propio peso”. Es decir, quedarán truncas por la falta de volumen político de la evidencia.

Juan Manuel López, de la CC

Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo aseguraron que no tienen un tiempo estimado para la etapa de instrucción, por lo que podría extenderse durante varios meses, por lo menos hasta que levante temperatura la campaña electoal. La oposición denuncia que el kirchnerismo solo busca “limar” a los jueces de la Corte y preparar el terreno para impugnar nuevas condenas por corrupción contra Cristina Kirchner.

Para reforzar la hipótesis del intento de “desgastar y desprestigiar a todo el Poder Judicial”, los diputados de Juntos por el Cambio insisten en que el Frente de Todos siempre supo que no tiene ninguna posibilidad de aprobar en el recinto el pedido de juicio político ya que no está ni siquiera cerca de lograr una mayoría agravada de dos tercios de los votos. Con ironía señalan que no pueden juntar 129 votos para debatir los proyectos incluídos en el temario de sesiones extraordinarias.

Si bien el oficialismo ya reconoció que la Comisión no tiene la potestad de obligar a los jueces de la Corte a declarar, sí espera que en calidad de acusados presenten aunque sea por escrito sus defensas.

Germán Martínez y Paula Penacca

Distinto es el caso de otras figuras, como el vocero del juez Horacio Rosatti, Silvio Robles, y del ministro de Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D´Alessandro, que serán citados a declarar durante el proceso. La conversación entre ambos que fue filtrada tras el hackeo del teléfono del funcionario porteño será una de las pruebas que usará el kirchnerismo para demostrar el mal desempeño del presidente del máximo tribunal.

En esos chats, que datan de noviembre pasado, el vocero de Rosatti le da argumentos a D´Alessandro relacionados con el conflicto que Juntos por el Cambio mantiene con el Frente de Todos sobre la integración del Consejo de la Magistratura.

“En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dice Robles, para acto seguido enviarle al funcionario de la ciudad de Buenos Aires un largo texto, con un punteo de argumentos por los que Cristina Kirchner no podría nombrar a Martín Doñate como representante del oficialismo. Doñate, de Unidad Ciudadana, mantiene una disputa con el cordobés Luis Juez, senador del PRO, quien reclama para sí la banca en el Consejo de la Magistratura.

Esas conversaciones fueron la segunda filtración que involucró a miembros de la oposición y la justicia. Antes, el 6 de diciembre de 2022, con un mecanismo similar se habían conocido chats privados entre dirigentes opositores, funcionarios judiciales y hasta directivos de medios de comunicación, que revelaron una viaje conjunto hacia la estancia del magnate británico, Joe Lewis, ubicada en Lago Escondido, en la Patagonia argentina.

Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade (Adrián Escandar)

“Las comunicaciones a las que aludimos en el pedido de juicio político indudablemente se refieren a asuntos de interés público y fueron publicadas legalmente por la prensa. Se desconoce el origen de la difusión y en esta instancia no es posible que le restemos entidad”, dijo Rodolfo Tailhade, ex integrante del Consejo de la Magistratura y espada legislativas del kirchnerismo en materia judicial

El ex jefe del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia dejó en claro que el kirchnerismo rechazará los planteos de nulidad de la prueba que esgrimirá Juntos por el Cambio, relacionados con la ilegalidad de la manera en que los chats fueron obtenidos y la posibilidad de que hayan sido editados. Tailhade también deslizó al pasar que si en el futuro surgen audios además de textos ya no quedarán dudas de que las conversaciones son verdaderas.

“Si aparecen conversaciones de un juez negociando para dividirse la plata con un narcotraficante. ¿Seguiría siendo juez? ¿Nos vamos a quedar con un juez narco? No es un tema de la justicia: es de la política”, argumentó. Por último, chicaneó a la oposición con la decisión de D´Alessandro de pedir licencia: “La prueba central de que los chats son verdaderos es que D´Alessandro no está más en el Ministerio de Justicia, Larreta lo separó”.

Por otro lado, los diputados oficialistas descartaron los rumores sobre eventuales allanamientos y utilización de la fuerza pública para hacer comparecer testigos. “No vamos a judicializar la comisión”, adelantaron y recordaron que solo un juez puede ordenar el registro de una vivienda o la intervención de un teléfono.