La fiscalía pidió enviar a juicio oral al financista “k” Ernesto Clarens por lavar dinero de la corrupción

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este jueves que el juez Julián Ercolini envíe a juicio oral al financista Ernesto Clarens y a otra docena de personas acusadas de haber dado una fachada legal a negociados por más de $500 millones “provenientes de un hecho de corrupción” como fue el “fraude al Estado Nacional” a través de la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez, eje del Grupo Austral. Esos fondos entregados a Báez son el eje de la acusación de otro juicio en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios.

A Clarens se lo señaló como el financista preferido de Néstor Kirchner que habría armado la ingeniería para poder mover el dinero investigado. Siempre se sospechó que su firma, llamada Invernes, significaba “Inversiones Néstor”. En diez años pasó de ser un simple broker a uno de los operadores más poderosos del kirchnerismo y cuando explotó la causa de los cuadernos, en 2018, se convirtió en uno de los “arrepentidos” de ese megaexpediente en una declaración que provocó tironeos entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez fallecido Claudio Bonadio, a la hora de aceptar su rol de “imputado-colaborador”.

En un dictamen de 140 páginas al que accedió Infobae, el fiscal Pollicita describió cómo Báez, señalado organizador de la asociación ilícita, “recurrió a Ernesto Clarens para instaurar conjuntamente una compleja ingeniería financiera para dar apariencia lícita a los fondos que las empresas del Grupo Báez percibían del Estado Nacional a través del fraude en la obra pública vial por el que está acusado”.

Según expresó el Ministerio Público, existe una “íntima conexión entre la asociación ilícita en el fraude a la administración pública y el lavado de activos aquí investigado”. ¿Por qué? Porque -dice la fiscalía- en esta causa “se ha podido comprobar que una vez sustraídos los fondos al Estado Nacional mediante el fraude en la obra pública vial se recurrió a un proceso de distanciamiento y reciclaje para permitir a Báez” pudiera disponer libremente de ese dinero. La maniobra, se señaló, fue a través de “la ficción de costos inexistentes en la obra pública”.

Por eso subrayó que el delito precedente en ese lavado de activos es la defraudación al Estado por la que está siendo juzgada Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de la Obra Publica José López y el primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, junto al propio Báez, en un juicio oral que está entrando a su etapa final con los últimos testigos y que podría llegar a tener un veredicto antes de fin de año, según lo dejó plasmado el propio tribunal a la hora de sumar más audiencias para avanzar el proceso.

Pollicita, que también investigó la causa contra CFK, repasó que en aquella causa que hoy debate el Tribunal Oral Federal 2 “se comprobó que entre mayo del 2003 y diciembre del 2015 se instrumentó un esquema de corrupción mediante el cual los funcionarios con competencia en materia de la obra pública -presidente, ministros, secretarios y subsecretarios- lograron que una importantísima cantidad de fondos públicos fueron asignados a la Dirección Nacional de Vialidad para que, desde allí, con la contribución de sus responsables, fuesen destinados a la provincia de Santa Cruz en donde, con intervención de la agencia provincial, fueron irregularmente adjudicados a empresas de Báez”. De esa forma, añadió, “recibieron prácticamente el 80 por ciento de las obras financiadas por el Estado Nacional en esa jurisdicción”, es decir, “51 contratos por un monto total que actualizado a agosto del 2016 asciende a 46 mil millones de pesos, unos 3 millones de dólares de esa época”.

Con ese dinero, sostiene Pollicita, Báez recurrió Ernesto Clarens “y juntos desarrollaron un complejo mecanismo de lavado de activos, valiéndose de la contribución del resto de los imputados basado en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a la obra pública pero carentes de propósito comercial real destinadas a dotar de apariencia lícita a más de 500.000.000 pesos, unos 160 millones de dólares aproximadamente a la cotización oficial de entonces y convertirlos a dinero en efectivo”.

El dictamen explica cómo habría sido la maniobra del lavado de activos. El primer paso fue “la canalización de al menos 790 millones de pesos de Austral Construcciones a GOTTI SA -también de Báez-”, que “permitió a la primera empresa desviar a la segunda poco más de un cuarto de sus ingresos convirtiéndola en la sociedad puente de la maniobra”. El objetivo era por un lado “poner los fondos a disposición de Ernesto Clarens que controlaba Invernest, la cual tenía delegado el manejo financiero de GOTTI SA” y al mismo tiempo “alejarlo de su origen ilícito de la mayor exposición pública de Austral Construcciones”.

El segundo paso, señaló la fiscalía, consistió en “conseguir la salida contable de los fondos hacia afuera del grupo Báez a través de la simulación de costos inexistentes que aparentaron operaciones vinculadas a los gastos comunes que demandaban las obras públicas a cargo de GOTTI SA”. Más de ocho mil facturas de 65 proveedores terminaron sumando unos 677 millones de pesos destinados a costos ficticios.

Una vez obtenida la salida contable de los fondos hacia la empresa ajena grupo, aparecía el tercer paso de la maniobra: canjear los cheques librados “en virtud de aquellas facturas apócrifas en financieras”. La principal de esas financieras era controlada por el grupo Clarens, “lo que posibilitó interponer otro paso más en el distanciamiento de los fondos y convertirlos en efectivo dificultando su trazabilidad”, se explicó. “Todo eso tuvo lugar de manera continua y simultánea entre enero del 2005 -cuando se produjo la primera transferencia de fondos- hasta diciembre del 2009 -cuando fue descontado el último cheque librado por Invernest”, se añadió.

El procesamiento de Clarens en esta causa había llegado en noviembre del 2020. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de los principales imputados en setiembre del 2021 y dictó la falta de mérito de otros involucrados. La causa sigue investigándose sobre varios sospechosos, pero la Fiscalía entendió que el análisis de la prueba estaba completo para Clarens y un grupo de implicados y por eso pidió que vayan a juicio oral. Se trata de Alberto Eduardo Di Gianni, Guido Santiago Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés y Andrés Kechichian, Armando Ulled, Héctor Daniel Doldi y María Julia Cis, Andrea Daniela Cantín, Martín Samuel Jacobs y Emilio Carlos Martín.