Soria asume con la reforma del Poder Judicial bajo el brazo

El presidente Alberto Fernández le tomará juramento hoy, a las 15, a Martín Soria como ministro de Justicia en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. El designado ministro tiene como misión llevar adelante la "agenda judicial" que quiere imponer el kirchnerismo, aunque carece de mayorías en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura para lograrlo.

También Soria se sumará a la embestida oficialista para lograr renuncias, procesos administrativos y hasta jubilaciones que generen vacantes que luego serán ocupadas por jueces afines. Pero esto tampoco será un camino fácil de recorrer.

Varios proyectos de ley están parados en la Cámara de Diputados por falta de consensos, entre ellos, la reforma de la Justicia Federal y la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal.

En agosto del año pasado el oficialismo logró aprobar en el Senado la reforma judicial, que apunta a crear un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias.

El objetivo en definitiva es diluir el poder que tienen los jueces y juezas federales, a los que sectores del Frente de Todos acusan de intervenir o manipular causas con fines políticos, especialmente en el marco de maniobras tendientes al lawfare o persecución política.

En Diputados, el oficialismo no goza de mayoría propia y el proyecto quedó cajoneado hasta tanto no se consigan los cerca de ocho votos que restan.

Desde el kirchnerismo acusan a la renunciante ministra Marcela Losardo de no haber puesto el cuerpo a la reforma judicial, de no haberse apersonado en la Cámara baja para al menos dar la pelea por esos votos.

El fuego amigo "agobió" a la ministra y le presentó la renuncia al presidente Alberto Fernández, quien la envió a París como embajadora política ante la Unesco, donde estará a salvo de las críticas.

Soria se presenta como una figura más proclive a embarrarse en la disputa parlamentaria, aprovechando que conoce el paño y a los interlocutores con los que tendrá que negociar.

Así como con la reforma judicial, lo mismo ocurre con el proyecto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, que en resumidas cuentas se propone cambiar las mayorías necesarias para elegir al titular de la Procuración General, además de acortar el mandato. El propósito es remover al interino Eduardo Casal para que lo reemplace un oficialista.

Se sabe que el jefe de Estado quiere nombrar allí a Daniel Rafecas, pero la oposición (y una parte del kirchnerismo duro) no quiere dar el aval bajo el argumento de que el Gobierno quiere consagrar la impunidad para Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas.

Al oficialismo le faltan votos, posiblemente los mismos ocho que en el caso de la reforma judicial: la mayoría son diputados provinciales con los que habría que buscar alguna moneda de cambio para negociar.

El rionegrino podría intentar destrabar esa resistencia, negociando los votos uno por uno.