El juez federal acumula las causas por irregularidades en la campaña de Cambiemos

Tras una larga disputa judicial, el juez federal Ariel Lijo será quien investigue las irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017. Así lo consideró el fiscal federal Ramiro González en un dictamen en el que concluyó que él y Lijo son competentes para asumir los dos expedientes, aunque aconsejó investigarlos por separado. Por las irregularidades descubiertas en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal se vio obligada a pedirle la renuncia a la tesorera del PRO en el distrito, María Fernanda Inza, quien había asumido recientemente como Contadora General bonaerense.

La decisión de González fue difundida a través del diario La Nación, en donde se consignó que el fiscal federal consideró que su competencia y la de Lijo es la correcta para avanzar con ambos expedientes en los que se analizan aportes supuestamente apócrifos, lavado de dinero y falsedades documentales en la financiación de las campañas del oficialismo tanto para la contienda presidencial de hace casi cuatro años como para los comicios legislativos de medio término. 

Además de confirmar que las pesquisas quedan en sus manos, González sugirió nuevas medidas de prueba para avanzar en la investigación sobre los posibles delitos cometidos por Cambiemos. Ahora Lijo deberá analizar si ordena su realización. 

Las causas han rebotado a lo largo de varios meses por diferentes despachos judiciales. La pesquisa por los aportes de 2017 a la campaña que lideró la gobernadora María Eugenia Vidal comenzó con una investigación periodística realizada por el periodista Juan Amorín para El Destape sobre el uso de beneficiarios sociales como supuestos aportantes y pasó por los tribunales federales de La Plata y de Retiro. En Comodoro Py, el magistrado Sebastián Casanello intentó avanzar con medidas hasta que fue apartado por la Cámara Federal de Casación. En La Plata, se la disputaron los jueces Ernesto Kreplak y Adolfo Ziulu. 

La investigación sobre la campaña presidencial de 2015, en tanto, comenzó en manos del fiscal federal con competencia electoral en la Capital, Jorge Di Lello, cuya competencia fue discutida luego por la jueza María Servini de Cubría. Tras un sorteo, el expediente recayó en Lijo y González.  

Sobre ese expediente, González sostuvo que las maniobras bajo sospecha "consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias en negro durante la campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales".