La mayor central sindical de Ecuador llamó a una protesta

La movilización será hacia la Casa de Gobierno y partirá desde la sede central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y será de las primeras que enfrente la administración del presidente Guillermo Lasso.

El FUT pretende que se derogue la llamada Ley Humanitaria (que aprobó la Asamblea Nacional con su integración anterior), que favorece acuerdos de trabajadores y empleadores para modificar las la relación laboral en busca, se supone, de preservar las fuentes de trabajo.

La central rechaza también la posibilidad de que se privatice el IESS y otras empresas estatales, entre ellas las petroleras.

El presidente del FUT, Ángel Sánchez, cuestionó la reticencia del Ejecutivo a escuchar la voz de los trabajadores, sobre todo en torno a la aplicación de la Ley Humanitaria, pese a Lasso hizo campaña con el discurso de que atendería las demandas de todos los sectores.

Según Sánchez, la cuestionada norma ya generó 1.200.000 trabajadores despedidos durante la pandemia.

Se pretende también que el Gobierno atienda el reclamo del sector docente, que tiene a decenas de maestros de todo el país en huelga de hambre hace 23 días, para exigir que se aplique la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), pero está trabada en la Corte Constitucional, que debe resolver sobre la cuestión.

La Ley tiene avances notables en la protección de los derechos infantiles -entre ellos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los abusadores sexuales no queden en la impunidad-, destina el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación y contempla un aumento salarial para los maestros.

Sánchez también afirmó que una de las principales demandas sindicales es el congelamiento de los precios de los combustibles, que suben cada mes por un decreto del expresidente Lenín Moreno que Lasso mantiene, reportaron el sitio Primicias y la agencia Sputnik.

El dirigente José Villavicencio, de la conducción del FUT, criticó que el Gobierno de Lasso siga con “las políticas impopulares” exigidas en los acuerdos que suscribió Moreno con el FMI y aunque admitió que la pandemia de Covid-19 complicó la situación del país advirtió que no todo el peso puede “ponerse en los hombros de los trabajadores”.