El Comité contra la Tortura reclama una investigación imparcial ante otra muerte en la cárcel

Ante una nueva muerte producida en la Unidad Carcelaria N° 1 de la Ciudad de Salta como consecuencia de quemaduras producidas el día 5 de octubre pasado, el Comité Provincial de  Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes, exige una urgente e imparcial investigación para determinar las responsabilidades. 

“En línea con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura entendemos como muerte bajo custodia estatal a “todo evento ocurrido estando la persona fallecida con una medida de privación o restricción de su libertad en resguardo de una institución estatal, o bien ante una intervención de  fuerzas estatales que implique o no limitación –ya sea potencial o efectiva– de su autonomía”, indicaron.

“La muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”, manifestaron.

Habiendo tomado conocimiento del hecho, el Comité realizó actuaciones de manera inmediata presentándose en la Unidad Carcelaria N° 1 y en el Hospital San Bernardo, recabando testimonios y preservando pruebas, las cuales se presentarán en la Fiscalía interviniente. 

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura recordó que es la tercera muerte producida bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial por causas no naturales sólo durante este año e hizo un llamado a revisar las prácticas y protocolos de actuación en el mismo para evitar la ocurrencia de nuevos hechos trágicos en la cárceles de Salta, para lo cual se coloca a su entera disposición.

En tal sentido, recordaron que el Protocolo de Minnesota (Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de Naciones Unidas”) establece la  obligación de proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.