Bonistas buscan proteger sus u$s3.000 millones en títulos en pesos (confían en acuerdo con FMI)

Según estimaciones oficiales, de los aproximadamente u$s40.000 millones que ingresaron en el país para invertir en papeles locales entre el 2016 y el primer trimestre del 2018 (antes del comienzo de la salida de capitales y el inicio de la crisis financiera del gobierno de Mauricio Macri); actualmente quedarían con posiciones en bonos locales en pesos entre u$s3.000 y 4.000 millones. Estarían invertidos en títulos públicos lanzados durante la gestión de Alberto Fernández y Martín Guzmán, pero corresponden a dinero que entró en el gobierno anterior y que, de alguna manera y por alguna razón, aún se confía en que las posiciones mejorarán y ganarán dinero. O que es preferible permanecer en estos tiempos duros y especular con que en algún momento de los próximos años todo mejorará (especialmente dentro de la cruda realidad política del país), y que habrá una recuperación en papeles que hoy navegan en situación de default. Igual que los bonos en dólares emitidos luego de la reestructuración de agosto del 2020, cuando se pactó un Valor Presente Neto (VPV) de 54,8%; apuestas que hoy navegan con dificultad de sostener un 33%.

En el listado de tenedores de esta deuda figuran, en su mayoría, fondos de inversión de prestigio mundial. Hay casas más “friendly” como Monarch Alternative Capital LP, Contrarian Capital Management LLC, Fintech Advisory Inc, Greylock Capital Management, Oaktree Capital y Stonehill Capital Management LLC. También casas como Templeton y Pimco, con buenas relaciones con el país en general. Hay bancos como HSBC, Bank of America, Lazard, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays e Itaú, entre otros, que aún mantienen esperanzas de recuperación y permanencia para sus inversores directos que en su momento apostaron por Argentina. También permanecen tenuemente BlackRock, Ashmore y Fidelity; quienes históricamente mantienen interés en Argentina; pero que desde hace ya tiempo sólo buscan el momento de salir. Que no es este.

Lo que une ahora a todos los fondos de inversión y bancos internacionales que aún mantienen inversiones en miles de millones de dólares en bonos que siguen navegando en default (tanto la deuda en dólares reestructurada como la emitida en pesos convertibles); es la esperanza en que entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya sintonía, y que se vayan cumpliendo trimestre a trimestre las metas comprometidas en el Facilidades Extendidas. Y que así, con el tiempo y la mejora de las variables financieras, cambiarias y macroeconómicas generales, las cotizaciones de los bonos mejores sensiblemente.

Martín Guzmán confía tanto en esto último, como en convencer a los bonistas de permanecer en posiciones argentinas. Y evitar así una salida masiva de capitales en pesos con traslados a dólares presionando aún más el tipo de cambio; en momentos en los que lo que más debe procurar el gobierno es no sumar distorsiones en la estabilidad de las principales variables.

Como ya contó este medio, los bonistas creen que el organismo que conduce Kristalina Georgieva no fue lo suficientemente duro con el país y que el camino fiscal cerrado para el período 2022-2025 es demasiado flexible y poco exigente. Y que, en definitiva, no tuvo en cuenta la situación financiera de la Argentina para 2024, año en que debería comenzar a regularizarse la deuda renegociada hace un año y medio.

Consideran que el FMI cometió un error de raíz al cerrar el acuerdo: el no exigirle al Gobierno de Alberto Fernández que firme un compromiso que incluya estrictas reformas estructurales, lo que provoca un severo peligro de incumplimiento ante el poco nivel de exigencia que se le obligará a aplicar al país en el Facilidades Extendidas a 10 años. En concreto, a los tenedores de la deuda argentina, los que la mantuvieron desde el canje o los nuevos inversores, no les gusta el acuerdo que el país firmó con el Fondo, pero por flojo en materia de exigencias.