Disponen que los aumentos de agua y luz estén por debajo de las pautas salariales

El Ente Regulador de los Servicios Públicos rechazó el pedido de actualización tarifaria del 35,41% solicitado por EDESA S.A. En contrario, dispuso una readecuación tarifaria segmentada entre usuarios de bajo consumo (192kw/h) y los que superan esa base. 

Para 186.000 usuarios del servicio eléctrico, la readecuación será de 23,9%, mientras el promedio total del ajuste de la facturación de los 365.000 usuarios será del 26,5%. Las actualizaciones se conceden hasta Marzo/21 por período congelado durante la pandemia.

Para garantizar la renovación de la infraestructura eléctrica, el Ente ordenó para el año 2022 inversiones por $ 1.389.450.603 y dispuso que el 30/11 se inicie la campaña de medición de consumos con 1900 medidores inteligentes. Asimismo, determinó un retraso de $712.844.666 en inversiones de años anteriores que EDESA sostiene que no pudo realizar por mora en el otorgamiento de aumentos tarifarios. 

El Ente anunció también que ingresará al plan de regularización de deudas por el cual el Estado Nacional aportará 1.300 millones de pesos para compensar pérdidas a las distribuidoras y usuarios producidas por las medidas dispuestas el año pasado.

Agua

En relación con la Revisión Tarifaria Integral de Aguas del Norte, el Ente anunció que la Provincia de Salta presentó un plan de obras trienal –POE- de U$D 198.640.673,43 para obras hídricas de envergadura y recambio de cañerías. A su vez la empresa invertirá, en el mismo plazo, $442.969.314 en obras operativas e instalación de micro y macromedidores. 

El Ente rechazó el incremento de 60,60% solicitado por COSAYSA en diciembre y en base a los informes de sus consultores IERAL de la Fundación Mediterránea y Juan Lucas Dapena Fernández, dispuso una readecuación tarifaria del 28,79% que consideró suficiente para cubrir los costos de la empresa y mejorar el servicio a su cargo. 

El 25% de los usuarios de este servicio quedará protegido con una decisión de congelamiento tarifario que ofreció la empresa para 48.000 familias en situación de vulnerabilidad económica, a las que se suman 20.000 incluidas en el Plan Salvaguardar que exime de pago a los usuarios de bajo consumo (12 m3 mensuales) y casi 13.000 subsidiadas por el ENRESP.

Como medidas complementarias para potenciar su control, se puso en vigencia el instituto de la contabilidad regulatoria para ambas empresas y se aprobaron nuevos regímenes de reclamos y de subsidios, para ampliar los derechos de los usuarios y otorgar mayor cobertura a los grupos vulnerables, respectivamente.