Lágrimas de cocodrilo

Las exportaciones de proteínas animales pegaron un salto de hasta el 147 por ciento los últimos tres años. Fue el caso de las ventas al exterior de carne vacuna entre 2020 y 2022, en comparación con los tres primeros años del gobierno de Juntos por el Cambio, entre 2016 y 2018. Llegaron a 1,8 millones de toneladas, frente a las 737 mil del período anterior. También hubo una suba considerable en las exportaciones de quesos, del 45 por ciento (230 mil toneladas contra 159 mil); de leche en polvo, 38 por ciento (534 mil toneladas a 338 mil), y de otros productos lácteos, 37 por ciento (1,2 millones de toneladas a 862 mil). En carne aviar el incremento fue del 14 por ciento (663 mil toneladas a 581 mil).

Ese comportamiento de las exportaciones estuvo acompañado por un alza también consistente en los volúmenes de producción, del 27 por ciento en carne porcina, 11 por ciento en leche, 9 por ciento en carne vacuna (9,28 millones de toneladas entre 2020 y 2022 frente a las 8,55 millones entre 2016 y 2018) y 9 por ciento en carne aviar.

Los datos son útiles para formular una caracterización del escenario agropecuario en momentos en que una sequía extrema y el inicio del año electoral buscan ser aprovechados por el brazo agrario de Juntos por el Cambio, la Mesa de Enlace, en la disputa por el voto de la ruralidad, que es más que el voto de los productores.

La convocatoria a una asamblea nacional de productores para el próximo martes en Villa Constitución, Santa Fe, contará con la presencia de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y la Federación Agraria, que fue la primera en movilizar la protesta y logró el acompañamiento de las demás entidades con las que estableció una alianza estratégica hace quince años, en marzo de 2008, cuando estalló el conflicto por la Resolución 125, bisagra para la política nacional.

Retenciones

Al igual que en aquel momento, la Mesa de Enlace tiene como objetivo principal voltear las retenciones a las exportaciones agropecuarias. No importan los ciclos económicos, si el campo viene de años buenos -como los últimos tres- o malos -como la presente campaña-, si existen medidas de estímulo para el sector -créditos subsidiados, beneficios impositivos, compensaciones de precios, dólar soja- o si incluso los derechos de exportación fueron rebajados o suprimidos para economías regionales clave que se buscan promover -como ocurrió en la actual administración con el girasol, el algodón, el arroz o el maní, entre otras-, la obsesión ideológica es terminar con las retenciones.

“La situación se está poniendo cada vez más crítica y los gobiernos nacional, provinciales y municipales tienen que dar respuestas a cada reclamo. Hacen falta no solo medidas para la coyuntura sino también cambios de fondo como la eliminación de las retenciones y los diferentes tipos de cambio”, reclamó por ejemplo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, al sumarse a la convocatoria a la asamblea nacional de productores.

En lo que va del gobierno de Alberto Fernández, la Mesa de Enlace concretó en cuatro oportunidades lo que los empresarios llaman paro y en realidad son ceses de comercialización. El primero fue ni bien había asumido el nuevo presidente, días antes del inicio de la pandemia. Después siguieron otros por la limitación temporal de las exportaciones de carne y el cierre del registro de exportaciones de maíz. El último ocurrió en julio del año pasado por los faltantes de gasoil a causa de la crisis internacional que ocasionó la guerra en Ucrania. Además hubo tractorazos y manifestaciones recurrentes, con la participación habitual de Patricia Bullrich y otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

Producción

La radicalización de las medidas de fuerza contrasta con los datos de producción. Como se mencionó al comienzo, en tres años de gestión del Frente de Todos en comparación con los primeros tres del gobierno de Mauricio Macri, las cifras son elocuentes.

En maíz hubo un aumento de la producción del 34 por ciento (178 millones de toneladas contra 132,8 millones), en cebada el alza fue del 18 por ciento (13,7 millones de toneladas contra 11,6 millones), en sorgo del 12 por ciento (7,95 millones contra 7,13 millones) y en girasol del 3 por ciento (10,40 millones contra 10,09 millones).

En cambio, hubo bajas en trigo del 7 por ciento (52,60 millones contra 56,35 millones) y en soja, del 8 por ciento (139 millones contra 151,6 millones). Los datos son oficiales y fueron recopilados por el ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño.

Por otra parte, el Gobierno acordó con diferentes actores de la agroindustria una ley de promoción sectorial que no logra pasar por el Congreso por el bloqueo de la oposición a las sesiones legislativas con la excusa del juicio político a la Corte Suprema. Hasta el diputado del PRO Ricardo Buryaile, quien fue ministro de Agricultura con Macri, se pronunció esta semana a favor de la iniciativa. 

Las siete plagas

La movilización del enojo campestre esta vez encuentra como base una sequía espantosa o, mejor dicho, una sucesión de eventos climáticos que están hundiendo la producción. Para la soja se anticipa la peor cosecha desde la campaña 2008/2009, que fue de 31,8 millones de toneladas, superando incluso la también muy mala por la sequía de 2017/2018, de 35 millones. Las pérdidas estimadas en exportaciones rondan los 6 mil millones de dólares. 

En trigo las ventas al exterior cederían en alrededor de 3 mil millones de dólares (9 millones de toneladas menos) y en maíz, en otros 2 mil millones (de 5 a 6 millones de toneladas menos). El golpe para el ingreso de divisas rondaría entre 11 mil millones y 12 mil millones de dólares, de acuerdo a últimas estimaciones que circulan entre funcionarios del gobierno nacional. 

A la extensa sequía se le sumaron heladas tardías que dañaron la producción de trigo, una ola de calor en enero, a lo que siguió una helada temprana que le pegó a la soja en febrero y también afectó al maíz.

"No hay forma de compensar una catástrofe de estas características", dicen en el gobierno. “No se puede decir que el Estado no está presente. Nos estamos ocupando y estamos trabajando. Obviamente la expectativa hay que ponerla en un lugar razonable porque no hay política del Estado que reemplace lo que es el ciclo normal de lluvias”, manifestó Juan José Bahillo, secretario de Agricultura.

"Los productores saben que es así y de hecho en el campo no hay un clima belicoso como el que quiere instalar la Mesa de Enlace, porque el sector viene de tres años muy buenos, con precios internacionales altísimos y políticas que favorecieron la producción. Este año es un desastre pero los agarra con un buen colchón para afrontarlo", señalan especialistas del sector.

Medidas

Bahillo enfatizó que “no se pueden negar” las medidas de auxilio a los productores que fue tomando el Gobierno los últimos meses. “Además de las ayudas que se disparan a partir de las declaraciones de emergencia de las provincias, que contemplan fondos y beneficios impositivos, hemos puesto en marcha un programa de compensación para pequeños productores que no ingresaron al dólar soja, la asistencia a productores tamberos, otro plan para los productores ovinos y programas para el sector aviar y porcinos". También mencionó el subsidio del 40 por ciento para los ganaderos con limitaciones de recursos forrajeros.

Las ventas de maquinaria agrícola reflejan el buen desempeño de la producción agropecuaria de los últimos tres años, con alzas del 70 por ciento en 2021 respecto a 2020 y del 5,3 por ciento el año pasado frente a 2021. El clima de bonanza también alcanzó a las localidades que viven esencialmente de lo que genera el campo. Sin embargo, es especialmente sobre esos sectores donde opera la militancia de la Mesa de Enlace para instalar que el Frente de Todos perjudica sus intereses, cuando los números reales indican lo contrario.