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Federalismo, descentralización y autonomías

16/11/2020  |  OPINION  |  

A lo largo de la historia Argentina se ha debatido en distintas instancias acerca del unitarismo y el federalismo, cristalizado concretamente en las discusiones de orden económico y distributivo. Así es como, hacia fines del siglo XX, diferentes planes descentralizadores y las transferencias de responsabilidades que la Nación fue delegando en las provincias, marcaron el atraso en el patrón de distribución de los recursos tributarios. En este sentido, es obvio decir que el sistema vigente requiere adaptarse de modo urgente a la dinámica que ha ido sufriendo el Estado desde entonces hasta estos días.

En una mirada retrospectiva, conviene repasar el orden de los hechos en cuanto a la metamorfosis del sistema de coparticipación federal en las últimas tres décadas para entender por qué hoy estamos parados donde estamos. En el año 1992, mediante las leyes 24.049 y 24.061, la Nación transfirió a las provincias, entre otros servicios, responsabilidades educativas, hospitales y programas sociales, que hasta ese momento no prestaban. La ley establecía en un anexo el costo de los servicios transferidos para cada jurisdicción y hacía cargo a la Nación de la transferencia de los recursos necesarios para cubrir dicho costo en el año del traspaso. De allí en adelante, las provincias debieron financiar con sus propios presupuestos los servicios transferidos; en ese acto la Nación se desligaba de la responsabilidad por la provisión y de los costos de los servicios transferidos.

Esa reforma constituyó uno de los mayores avances sobre los recursos de las provincias; los estados provinciales sostienen desde entonces con recursos propios los costos por la provisión de servicios públicos de educación, salud, seguridad y justicia. Algo parecido a lo que ocurre, en carácter transitivo, con los municipios, en las mismas áreas, a excepción de la justicia.

Vale la pena detallar que los servicios transferidos han tenido un impacto más que notable en los presupuestos provinciales, ya que tanto las partidas de personal como los gastos en bienes y servicios de las obligaciones trasferidas son muy poco flexibles a la baja. Al mismo tiempo, la Nación se aseguró que fueran los gobiernos provinciales quienes asumieran el costo político del eventual “ajuste” de esos servicios.

Por su parte, en 1993 la participación automática de las provincias en el total recaudado todavía estaba en el orden del 46%. Sin embargo, rápidamente esa proporción quedó extinta cuando se llevó adelante un proceso de descentralización de los servicios públicos a las provincias que no incluyó el traspaso de los recursos que los financien.

Actualmente, las matrices de gasto provinciales están básicamente basadas en gasto salarial y pago de las prestaciones de seguridad social; ambos conceptos con muy fuerte inflexibilidad. Asimismo, los recursos provenientes de coparticipación son, en la enorme mayoría de los casos, la mayor fuente de ingresos de los estados provinciales. En un promedio de los últimos años, del total de ingresos de las provincias, el 51,2% es transferido desde la Nación.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único distrito que está prácticamente autofinanciado; los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación no explican nunca mucho más del 10% del total. En este sentido, retirando a la CABA del promedio, la media provincial llega al 53%.

Entre las provincias más dependientes de los recursos de coparticipación se encuentran Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Formosa. En el otro extremo están Chubut, Neuquén, Buenos Aires y Santa Cruz (sólo 30% de sus ingresos corresponden a envíos nacionales automáticos, aproximadamente).

Así es como la combinación de la progresiva detracción de recursos coparticipables y el aumento en los gastos devino en cuentas fiscales provinciales muy deterioradas. En 2015, el total de las provincias mostró un cierre negativo en más de $42.000 millones.

Son 18 las provincias que no contaron con los ingresos necesarios para financiar el gasto del ejercicio. Sin embargo, el 45,4% del déficit acumulado provincial es explicado por el rojo de la provincia de Buenos Aires, cuyo déficit supera los $19.000 millones. Déficit que se explica, entre otras cuestiones, por el atraso en la reparación histórica del fondo del conurbano, que se creó con el fin de compensar a la provincia de Buenos Aires, que durante años recibió un fuerte flujo migratorio proveniente de las provincias del interior, mediante la Ley 24.073 de 1992. Ese fondo implicaba una asignación de recursos del 10% de la masa coparticipable neta de ganancias. Sin embargo, en 1995 una modificación del sistema determinó que a partir de 1998 la provincia recibiría hasta $650 millones anuales, mientras que el excedente del 10% sustraído se reparte entre las restantes jurisdicciones (con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de acuerdo a las proporciones establecidas en la Ley 23.548. Este monto nominal permanece fijo desde entonces, con el oportuno reclamo por parte de la provincia de Buenos Aires de su actualización.

Sin perjuicio de la indebida apropiación de recursos coparticipables que corresponden a las provincias por parte de Nación, se debe marcar que el esfuerzo recaudatorio de las provincias en general es muy bajo. Mientras la media provincial está en el orden del 7,7% del producto, hay jurisdicciones que no llegan a gravar más del 5% de los ingresos provinciales.

Por todo lo expuesto, para discutir si cada provincia recibe lo que merece en función de lo que produce y recauda, se deben contemplar cuestiones que atañen a la demografía y su composición social en términos retroactivos hasta la actualidad, entre otras variables que deben afectar la asignación de recursos más allá de lo que corresponde a la rigurosidad de los números.

Con esa lógica, es urgente poner sobre la mesa una profunda discusión en torno al sistema de coparticipación federal, con el objetivo de descentralizar recursos a las provincias y a los municipios en pos de eficientizar la gestión en los tres niveles del Estado y empoderar las autonomías para dar respuestas rápidas a las demandas sociales. Mientras la crisis lo expone, la sociedad lo exige.

 

Diputado bonaerense de Juntos por el Cambio.



Fuente: Ambito