El desafío energético como herencia

La cuestión energética se presentará, desde el primer día, como uno de los mayores desafíos para el gobierno de Alberto Fernández. El tema de las tarifas es uno de los más urgentes, por el impacto de las elevadas facturas sobre el presupuesto de miles de familias de clase media baja o baja que ya no están en condiciones de pagarlas, y sobre el riesgo sobre la posibilidad de continuar en actividad para otros tantos miles de pequeñas y medianas empresas e instituciones sociales de diferente tipo. En combustibles, el nuevo gobierno llegará, probablemente, bajo presión de las refinerías por lo que consideran “un retraso” de precios con respecto a las últimas devaluaciones, lo que demandará una inmediata definición: se seguirá o no con el actual sistema de precios y tarifas de servicios públicos dolarizados. Por otra parte, están las cuestiones de fondo que, si bien no necesitan ser definidas en los primeros días, sí reclaman no tomar decisiones que vayan en contra de los senderos futuros. Principalmente, la estrategia para el desarrollo de Vaca Muerta, el tratamiento a los subsidios que reciben las productoras que operan en el área y si el objetivo y proyección de su producción será garantizar el autoabastecimiento o convertirse en un recurso esencial para la obtención de divisas por su exportación. Definiciones políticas que aún se desconocen pero sobre las que ya se multiplican las presiones, de uno y otro lado.

Tarifas

El especialista en temas energético Víctor Bronstein, director del centro de estudios Ceeppys, sostiene, en un trabajo titulado justamente “Entre el pragmatismo y la ideología”, como respuesta inmediata el congelamiento del nivel de tarifas vigentes por 100 días a partir de la asunción del nuevo gobierno, en el marco de una “mesa de consenso energético” integrada por prestatarias de servicios públicos (transportistas y distribuidoras de gas y electricidad, productoras de gas y petróleo, generadores, la secretaría de Energía, Cammesa y entes reguladores. Después de dicho período, se implementará un sistema de normalización y convergencia tarifaria, señala la propuesta de Ceepys. En simultáneo, debería formularse una nueva “tarifa inicial o base cero” para la distribución y transporte de electricidad y gas, a partir de la cual diseñar un nuevo sistema de emergencia que garantice que la población pueda acceder a la energía “mientras se formula un sistema definitivo”. El subsidio correría a favor de la demanda (para bajar la tarifa a pagar) o sobre la oferta (para compensar precios regulados), según el caso, sugiere Bronstein en su propuesta.

Mientras otros sectores plantean como objetivo la recuperación plena para el Estado de la administración y control del sistema de transporte y distribución de gas y electricidad, más allá de la discusión ideológica se encuentra la limitación práctica por el traspaso, a las nuevas autoridades, de un Estado desmantelado y hasta en pobres condiciones de cumplir su rol de regulación. Justamente, por abandono y desprecio de las autoridades salientes a este tipo de políticas. De allí que la propuesta de algunos sectores, como el Ceepys, sea, señalando precisamente el cerco entre “el pragmatismo y la ideología”, que la propuesta plausible sería buscar algún grado de consenso entre los actuales ejecutores y las futuras autoridades.

Un antecedente no poco significativo es que el modelo de “precios tope regulados” (Price cap regulation), donde se fija el valor para la distribución y el transporte sin considerar los costos y resultados del operador, se tomó del ejemplo británico de privatización. Pero este sistema, implementado por Margaret Thatcher, fracasó en el Reino Unido y fue dejado de lado en 2010, ya que no alentaba la mejora del servicio ni bajaba las tarifas. Se lo reemplazó por un sistema de seguimiento y control de inversiones y tasa de retorno de los prestadores, permitiendo una mayor participación del Estado en la orientación de las prioridades de inversión. Convendría tenerlo en cuenta.

Hidrocarburos

En materia petrolera, el gobierno de Cambiemos avanzó, en estos años, en un modelo que el especialista Gustavo Lahoud, en un trabajo para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, definió como “extractivista exportador”, cuyo eje central fue concentrar la apuesta en la formación neuquina de Vaca Muerta, otorgando ventajosas condiciones al capital extranjero para que acelerara la producción con destino a la exportación. Este modelo, implantado ya en los primeros años de macrismo, bajo la orientación de Juan José Aranguren (ministro de Energía), desalentó la producción convencional en otras cuencas (Noroeste, Cuyana y San Jorge) y fortaleció con un esquema de fuertes subsidios a la inversión en Vaca Muerta. Al desalentar a la producción convencional, ésta entró en proceso de paulatino descenso. Solamente por el fuerte descenso en la demanda interna, provocada por la recesión, tal situación no derivó en una crisis energética. El sendero elegido supuso dejar de lado los objetivos de autoabastecimiento, y peor aún, la posibilidad de acceso a energía barata para la economía local. El modelo tampoco parece estar a favor de un esquema de producción sostenible en el tiempo que sí resultaría de la aplicación de políticas de diversificación de la oferta y las fuentes de generación.

La orientación de todo el sector petrolero al desarrollo masivo de la producción no convencional de petróleo y gas en Vaca Muerta, con YPF como socio en esos planes en vez de ser una empresa testigo o defensora del interés público, deriva en que hoy resulte un fuerte bloque de poder el que enfrentará cualquier intento por modificar esas políticas.

YPF empezó a exportar crudo liviano extraído de Vaca Muerta a mediados de este año, en línea con la estrategia de maximizar los beneficios de una política extractivista exportadora. Aunque las cifras aún son marginales, su director ejecutivo, Daniel González, ya señaló que la petrolera bajo control accionario estatal espera poder exportar 60 mil barriles diarios durante el año 2020. Esta expectativa le permitiría a la empresa soportar el peso de una deuda que se eleva a los 8900 millones de dólares. Si bien esa perspectiva puede ser un signo de alivio, no puede dejar de verse que también es una forma de decir: no hay posibilidades de cambiar el rumbo, porque el elevado endeudamiento “obliga” a YPF a continuar en el mismo sendero marcado por la política de Macri y Aranguren, aunque le dé la espalda al desarrollo de la economía local. De lo contrario, será el Estado el que deba asumir el costo del endeudamiento.

La política de subsidios a la inversión y aumento de la producción no es nueva, pero se incrementó en los últimos años a partir de Vaca Muerta. Si el próximo gobierno mantuviera el régimen de precios dolarizados del gas (al nivel de país importador, no en función de sus costos de producción), al igual que el del petróleo, estaría manteniendo a la economía nacional como rehén de precios exorbitantes en su insumo principal: la energía. Para peor, heredando una estructura de producción cada vez más atada y dependiente de un recurso incierto, como Vaca Muerta. O se condena al Estado a compensar esos elevados precios con subsidios al consumo, o condena a los consumidores a pagar muy caro la energía. Cambiar el modelo es posible, pero requiere de políticas audaces que tuvieran como eje: 1) definir la energía como un bien estratégico y derecho social, poniendo en consecuencia como prioridad el autoabastecimiento, el acceso universal a la población al recurso energético (electricidad, gas, combustibles), 2) diversificar las fuentes de energía para garantizar la seguridad energética y preservar el medio ambiente a mediano y largo plazo, 3) redefinir el rol de YPF, pieza estratégica en la planificación y ejecución de una política de hidrocarburos, 4) recuperación de un criterio de planificación integrada y centralizada, en oposición a una desregulación que sólo produjo beneficios para los capitales más concentrados, y 5) redefinición de las cadenas de valor y costos de la industria en pesos, para definir pecios y tarifas en pesos.

Son definiciones que ya había adoptado el país en otras etapas, la última en la ley por la que se recuperó el control de YPF (año 2012), pero que con el peso de un gobierno que favoreció al capital más concentrado, fueron dejadas de lado, en la práctica y en la discusión. Va siendo hora de retomarlas.