Femicidios y género, temas de Derechos Humanos

En lo que va del año, en Salta se registraron doce femicidios, a los que se deben agregar dos muertes de mujeres registradas en la capital y que están bajo investigación, en los últimos días, y un transfemicidio. Desde 2008 a la fecha, son 179 las muertes por violencia de género registradas en la provincia.

Salta ostenta un récord preocupante en este tipo de violencia, con una tasa superior a la media nacional.

De Juana Figueroa, asesinada en 1903, a las universitarias francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumne, la joven Cintia Fernández o la maestra Evelia Murillo, son muchos los nombres de las víctimas de violencia machista. Es la provincia de la joven Andrea Neri, que fue asesinada dentro del penal de Villa Las Rosas por Gabriel Herrera, a quien había conocido "intramuros", y que ya había matado a su anterior pareja en una celda de Metán.

La violencia de género es un drama cotidiano, generalizado, y que algunas veces se convierte en asesinato. Pero siempre transforma la vida cotidiana en un infierno.

En 2018, Salta registró 16.218 denuncias por violencia de género y violencia intrafamiliar y una tasa de 1,167 femicidios por cada 100.000 habitantes. Una de las más altas del país.

Cambio de ministerio

Por su naturaleza, la violencia de género se enmarca, hasta ahora, en el campo de las políticas públicas de promoción de los derechos humanos. Además, estamos ante uno de los fenómenos culturales más poderosos en un siglo. Están en juego los derechos de las mujeres, el debate sobre las nuevas identidades reconocidas por organismos internacionales y la educación sexual integral en las escuelas públicas.

Este tema, que es un signo de los tiempos, es conflictivo, porque introduce cambios profundos, da lugar a posiciones radicalizadas y resulta difícil de procesar para la sociedad.

Con la nueva Ley Provincial de Ministerios, a partir de mañana, el trámite de la denuncia por violencia pasará del área del Polo de la Mujer a las comisarías y del ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, al de Seguridad.

La designación del coronel retirado Manuel Pulleiro generó desconfianza, entre las personas comprometidas en la erradicación de la violencia machista. Este militar, que hasta el año pasado estuvo al frente de la guarnición salteña, no registra antecedentes de violencia ni vínculo alguno con el terrorismo de Estado, pero se objeta su perfil castrense.

La ley de Ministerios asigna a Seguridad el rol de "brindar orientación y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia, información, orientación, contención y asesoramiento en temáticas relacionadas con delitos contra la integridad sexual de la mujer, violencia doméstica, maltrato y abuso infanto-juvenil". Desarrollo Social quedaría a cargo del cuidado integral de la mujer embarazada y de las políticas referidas a cuestiones de género. Y Derechos Humanos, afuera.

Según el futuro secretario de la Gobernación, Matías Posadas, se trata de "incorporar la visión de prevención de la violencia doméstica y políticas de género en el área de seguridad". Asimismo, consideró que las comisarías y el Polo "van a potenciar el trabajo conjunto".

Fuera del movimiento feminista no se han formulado objeciones formales aún, aunque sí se plantean advertencias sobre el tema. Las políticas de género, tal como están expresadas en convenios internacionales rubricados por la Argentina, se incluyen en la perspectiva de los Derechos Humanos. También se considera que la violencia de género y los femicidios no pueden disociarse de todos los derechos que se van reconociendo a las mujeres.

Y existe un llamado de atención acerca del nuevo status del servicio penitenciario que vuelve a Seguridad. El cambio de jurisdicción se había concretado durante las gestiones de Pamela Calletti y Marcelo López Arias, y se lo sacó entonces de Seguridad para abstraerlo de la perspectiva meramente punitiva e incorporarlo en el área de los Derechos Humanos, como parte de un proceso de rehabilitación de los presos de acuerdo con el espíritu de la Constitución Nacional de 1853.

En este contexto, asimismo, se replantea la inquietud por la sobrepoblación de las cárceles provinciales y la situación que les tocará en adelante los menores de edad encuadrados en el régimen penal juvenil.

Vaivenes

La preocupación que se percibe entre las personas involucradas en temas de género en el Gobierno, la Justicia y la Legislatura acerca de la nueva ley de Ministerios radica en que "pasar programas de políticas públicas en materia de violencia de genero al área de seguridad -consideran- significa un atraso de 30 años". El criterio que inspiró las decisiones políticas en materia de género parte de una certeza: por razones culturales, Salta registra actualmente uno de los índices más altos a nivel latinoamericano en materia de femicidios.

Existen múltiples signos de "naturalización" de la violencia machista y son muchos los policías que actúan con negligencia y desinterés, además de los que protagonizan hechos de violencia contra mujeres. Pero la negligencia en sí misma es señalada como una barrera para el acceso a la Justicia por parte de las víctimas.

Salta no implementó aún la ley Micaela. Se trata de la ley sancionada hace casi un año para capacitar obligatoriamente a todos los empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado para atender, escuchar y resolver conflictos que se les planteen en temas de género. Está inspirada en el caso de Micaela García, una joven asesinada en Entre Ríos por un violador reincidente a quien se le había brindado un controvertido beneficio de libertad condicional. Pero, aseguran, el personal de los organismos de seguridad muestra en Salta "notable reticencia para avanzar en esa dirección".

La Procuración General salteña marcó como política de Estado la iniciativa Spotligh, según la cual deben controlarse a los organismos represivos y separarlos de las políticas iniciativas de género. Esta iniciativa, impulsada por la Unión Europea y la ONU, parte de la certeza de que "la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una de las violaciones de los derechos humanos más devastadora en la actualidad".

Spotlight se traduce como "poner el foco" para llamar la atención sobre este flagelo. Argentina, es uno de los cinco países seleccionados en América Latina junto a El Salvador, México, Guatemala y Honduras y único en América del Sur. Dentro de un programa que abarca todo el territorio nacional, se realizarán acciones especiales en Salta, Jujuy y Buenos Aires.

Los escépticos aseguran que "no existe ningún antecedente de que la Policía o el Servicio Penitenciario hayan siquiera intentado capacitarse en materia de género y aplicar los protocolos que rigen en la materia en sus planes educativos, ni en el ámbito funcional".