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Salta, expectante por debatir una nueva ley de coparticipación

15/09/2020  |  Economía  |  

La quita de más de un punto de coparticipación del Gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires para enviarlo a la Provincia provocó tironeos políticos que llegaron a la Justicia. Pero en realidad, lo cotidiano: dos sectores políticos dirimiendo desacuerdos en la Justicia ponen sobre la mesa un debate histórico, cómo se divide entre las provincias el dinero que recauda la Nación.

Si bien la decisión del Gobierno nacional fue apoyada, al mismo tiempo, por 19 gobernadores, varios, entre ellos Gustavo Sáenz, aprovecharon para pedir discutir la ley de coparticipación que se debería haber zanjado hace 24 años.

La constitucionalidad fue uno de los argumentos con los que la oposición atacó la movida de pieza del presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el régimen vigente es inconstitucional, ya que según la Carta Magna, debería haber sido modificado en 1996. Al modificarse la constitución en 1994, el artículo 75 inciso 2 dio dos años para modificar el régimen que está vigente desde 1988, mediante la ley 23548.

El régimen actual divide el dinero nacional bajo criterios anárquicos, sin especificar qué se tiene en cuenta para darle más plata a unas provincias que otras.

En esta lista las provincias que perciben mayores porcentajes son Buenos Aires: 21,5%, Santa Fe 9,28 y Córdoba 9,22. En el noroeste, Salta percibe 3,98%, por detrás de Santiago del Estero 4,29 y Tucumán 4,94, y por encima de Jujuy 2,95 y Catamarca 2,86%.

El criterio para otorgar estos porcentajes no se corresponde ni a la cantidad poblacional ni a la contribución que hacen las provincias al producto bruto interno. Aunque si alguien propusiera hacer la ecuación de aporte/beneficio no sería posible, por lo que manda la Constitución. Las características geográficas de cada provincia que inciden en el desarrollo económico como la zonas patagónicas o el estar cercana al puerto, por ejemplo, fueron tenidas en cuenta en la norma que manda que el nuevo régimen sea, además de equitativo, "solidario y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo".

Provincia pobre

Salta desde hace 10 años es una de las provincias más pobres del país. En el 2010, según el Indec, con el 23,7% Salta era la segunda provincia (por detrás de Formosa) con necesidades básicas insatisfechas. El año pasado volvió a quedar segunda a nivel nacional con el índice de pobreza del 45%.

Los desnutridos son la punta del iceberg. En el inicio de sesiones de este año Sáenz indicó que había 1.000 desnutridos extremos y 10 mil en riesgo. Otra de las desproporciones que se advierte a nivel nacional es en los subsidios a los servicios públicos.

En el 2016 el diario La Nación comparó lo que se pagaba por la luz en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias del interior. De allí surgió que por el mismo consumo eléctrico, un salteño pagaba 3 veces más que alguien de Capital Federal.

En este sentido, ante el reciente atraso de los subsidios al transporte y urgidos por la baja de los ingresos que provocaron las restricciones de circulación por la pandemia, Claudio Mohr, director de Saeta, reclamó: "Ellos siguen poniendo más fondos en el AMBA. Un colectivo de esa parte del país recibe entre 7 y 8 veces más de subsidio que un coche del interior".

Dentro de este esquema de pobreza la Provincia se sustenta básicamente por los fondos que recibe de coparticipación. Representan el 80 por ciento del ingreso fiscal, según le indicó a El Tribuno el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur.

Además de la dependencia de los ingresos coparticipables, otra discusión se abre cuando se conoce su destino principal. Del total que ingresa por coparticipación, la mayor parte se destina al pago de sueldos en la administración pública. "El 72 por ciento", indicó Dib Ashur. Actualmente, el Estado es el mayor empleador en la provincia. El 20 por ciento de los ingresos restantes son locales: impuestos por ingresos brutos y sellos. En el 2017 la consultora Economía y Regiones (E&R) advirtió que para dar vuelta esta ecuación y pagar los sueldos de los empleados públicos con recursos propios, el Gobierno salteño debía triplicar su recaudación tributaria.

 



Fuente: El tribuno