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Pocos fondos: la ley de Bosques es un negocio para las provincias sin bosque

02/12/2019  |  Economía  |  

El proyecto de presupuesto nacional contempla apenas el 3,25 por ciento de lo que corresponde a las provincias según la Ley de Bosques.

A doce años de sancionada esa ley, como era previsible desde el comienzo, las provincias con formaciones boscosas han visto menoscabada su soberanía.

Los recursos naturales no son de jurisdicción federal, pero los órganos del Estado insisten en interferir en las decisiones. Y no solo con esta ley planteada como "presupuestos mínimos" y que en Salta se convirtió en una obstrucción insalvable. Por la imprudente aplicación de un ordenamiento territorial desatinado, nuestra provincia se ha visto imposibilitada de avanzar en un desarrollo agropecuario sustentable.

Pero también la Corte Suprema hizo lo suyo y, luego de prohibir durante cinco años la tala en la provincia, el máximo tribunal de la Nación reconoció que no era un tema de su competencia. Y la intervención del secretario nacional Sergio Bergman, en 2018, paralizó la actividad en 32 fincas salteñas con la complacencia inexplicable de los funcionarios salteños.

Esa regresión tiene consecuencias sociales inmediatas, que se manifiestan en la pobreza, el desempleo y la migración, pero también ambientales, ya que las economías de subsistencia son un factor decisivo en la desertificación.

Vida Silvestre

Un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina y otras ONG manifestó "preocupación por los montos asignados a la protección de los Bosques Nativos en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2020 que será debatido en el Congreso. El mismo asigna apenas 609 millones de pesos para la protección de todos los bosques de la Argentina, apenas el 3,25 por ciento de lo que corresponde según establece la Ley 26.331"

En números: según este cálculo, el Estado nacional debió distribuir 18.740 millones de pesos entre los propietarios de bosques nativos como compensación por su preservación, pero se quedará con la friolera de 18.000 millones.

En 2018 hubo una cuestionable intervención del secretario nacional Sergio Bergman que paralizó la actividad en 32 fincas salteñas. Esto, por cierto, se logró con la complacencia inexplicable de los funcionarios locales. 
 

No es solo culpa, por cierto, del secretario Sergio Bergman, ni de la administración Macri: desde 2008, cuando entró en vigencia esa ley pasó lo mismo. En aquel momento Néstor Kirchner terminaba su mandato y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había pedido apoyo para un pintoresco proyecto presentado por el diputado Miguel Bonasso. La mayoría de los diputados del NOA y el NEA (no todos) se opusieron, pero no pudieron con el peso parlamentario de la Pampa húmeda.

El Senado lo modificó y estableció un fondo destinado a financiar la preservación del monte nativo.

Cristina Fernández jamás cumplió esa ley y ningún gobernador reclamó por lo que, a todas luces, es una forma de "retención indebida de fondos". Y que revela, asimismo, que los bosques no le interesan demasiado a nadie.

"Entre 2010 y 2019 los bosques recibieron 3.063 millones de pesos en vez de los 36.537 millones que le correspondía. Apenas el 8,35 por ciento de lo estipulado por la ley", dice la ONG Vida Silvestre.

La Fundación Vida Silvestre Argentina manifestó “preocupación por los montos asignados a la Protección de los Bosques Nativos en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2020”. 
 

El proyecto de Presupuesto 2020 interpreta a su manera el artículo 31 de la Ley 26.331, y asigna un monto de 584.829.000 de pesos y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de 25.000.000 de pesos. "Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 3.25% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley", advierte Vida Silvestre.

Si se va al texto de la ley la detracción en perjuicio de las provincias podría ser mayor. Ese artículo estipula que el Fondo estará integrado por:  a) Partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional: el original del presupuesto 2020, que será modificado, asciende a 4.56 billones de pesos, de donde se estima que el monto para los bosques no debería ser inferior a 13.700 millones de pesos.

b) El 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Hasta octubre de este año, ese porcentaje superaría los 7.000 millones de pesos.

Los recursos naturales no son de jurisdicción federal, pero los órganos del Estado insisten en interferir en las decisiones. Con esta ley planteada como “presupuestos mínimos”, en Salta se convirtió en una obstrucción insalvable.

Los números siempre son discutibles, pero en este caso está claro que hay una apropiación de recursos por el Estado nacional. Salvo que todo esto sea política ficción y que la idea sea fingir políticas ambientales. Pero eso es negocio de patas cortas.

"En Salta, por caso, de aprobarse el actual proyecto de Presupuesto 2020 y si seguimos el porcentaje recibido en 2019, los bosques nativos de la provincia recibirían apenas 83 millones de pesos. Si se cumpliera la Ley de Bosques, la provincia de Salta debería recibir 2.500 millones de pesos, 30 veces más de lo planteado actualmente para 2020", dice Vida Silvestre.

No se trata de recursos para el Estado provincial ni para los municipios, sino para financiar el mantenimiento de los bosques que la ley prohibe desmontar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió durante cinco años la tala en la provincia, pero el máximo tribunal reconoció que no era un tema de su competencia. El freno causó un grave daño a la economía provincial. 
 

"Sin el adecuado estímulo financiero previsto por la Ley de Bosques las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable" sentenció Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.

  Miguel Bonasso impulsó la ley hace doce años. 
 

Zonas boscosas pueden tener futuro

La ley de bosques resulta, a simple vista, un proyecto fracasado. Para Vida Silvestre, esto se debe a que no fue efectivamente aplicada. De lo contrario, dice, “constituiría una herramienta indispensable dado que los bosques proveen servicios ecosistémicos al ser reguladores hídricos y reserva de carbono...”. Sus prioridades están puestas en que “Argentina honre sus compromisos internacionales asumidos como el Acuerdo de París (2015)”.
El Acuerdo de París tiene como propósito frenar el calentamiento global de origen antrópico. “Los bosques funcionan como reservorio de dióxido de carbono (uno de los principales gases que causan el efecto invernadero), al punto tal que, cerca de un 20% de las emisiones globales de estos gases, provienen de la deforestación y la degradación de bosques”, señala Jaramillo.
No lo puntualiza el comunicado, pero la defensa de los bosques sudamericanos desde el primer mundo va de la mano de los esfuerzos por eliminar la ganadería en este continente. Fue muy claro, pocos meses atrás, la inequidad en el tratamiento de los incendios forestales de parte de los países desarrollados: toda la atención se puso en el Amazonas (no tanto en el Mato Groso, con menos marketing), mientras que lo que ocurría en Bolivia y en Africa, de magnitud similar o mayor, fueron mencionados en forma tangencial.
Por otra parte, se soslaya la medición de cuál es la capacidad real de absorción de dióxido de carbono de un bosque degradado por la economía de subsistencia, en comparación con pasturas bien cuidadas y rodeadas de cortinas vegetales y reservas boscosas reforestadas.
Para las provincias del NOA y el NEA está en juego su desarrollo. Por eso, es un proyecto fracaso de origen. La preservación del bosque es una necesidad ambiental, un beneficio para los pueblos y hasta puede ser rentable para la provincia, porque existen financiamientos internacionales. 
La producción sustentable no es depredadora y garantiza trabajo y calidad de vida en las zonas alejadas. Doce años de desmanejo solo agravaron el escenario.
Pretender convertir al Chaco salteño en un jardín botánico o un parque nacional parece, hoy, una quimera. Investigaciones de organismos oficiales de la Argentina relacionan la desertificación con la pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y la migración. Las tres principales causas de la desertificación son el sobrepastoreo, la deforestación y las prácticas de una agricultura no sustentable.
En Salta, todo parece indicar que hay que dejar la comodidad del sillón y ponerse a trabajar para recuperar el bosque, expandir al mismo tiempo la cobertura forestal, la ganadería y la agricultura y asumir la realidad del mundo que, además de calentamiento global, tiene     muchas otras novedades.
 



Fuente: Informate Salta